RESUMEN

En México se afirma que hay bajo desarrollo en cuanto a cultura, educación, inclusión e innovación financiera. De confirmarse aquello, sería indispensable el diseño y aplicación de una política pública que atendiera el problema. De existir, se tendrían que establecer objetivos y líneas de acción para que la población en su conjunto, gradual o aceleradamente, se beneficiase, especialmente en cuanto a su salud financiera. Rastrear las evidencias teóricas y prácticas en el caso de México es el propósito fundamental de nuestra investigación, para lo cual haremos una revisión amplia de las investigaciones y documentos que se hayan publicado al respecto. Asimismo, daremos a conocer la política pública que en la materia haya sido impulsada por el gobierno, los programas y acciones que se encuentren activos en dependencias, entidades públicas e instituciones educativas.

INTRODUCCIÓN

México, por su población total, es el décimo país más grande en el mundo y el segundo en Latinoamérica. El 57,05% de su población se concentra en nueve estados de un total de treinta y dos. Estos son: Estado de México (13,51%), Ciudad de México (7,88%), Jalisco (6,54%), Puebla (5,15%), Guanajuato (4,88%), Chiapas (4,27%) y Nuevo León (4m14%). La población en dichos estados se segmenta en 27,83% de hombres y 31,23% de mujeres. Por su parte, los 23 estados restantes congregan el 42,95 % de la población total. A su vez, de este porcentaje el 21,14% corresponde a hombres y el 21,81% a mujeres.

No solo las personas se concentran en esas nueve ciudades, también la mayor cantidad de instituciones educativas, dependencias y entidades públicas, empresas que ofertan capacitación, la Escuela Bolsa mexicana. El instituto BIVA y sus programas son fundamentalmente presenciales, aunque algunos también funcionan en línea. En cambio, en el resto del país se reduce significativamente la cantidad de empresas públicas o privadas que ofrecen educación financiera.

Tan solo en la Ciudad de México hay más de 300 instituciones que ofrecen estudios profesionales, con una desproporción entre aquellas de origen privado y público, ya que estás últimas son menos de 60, en tanto que las privadas alcanzan cerca de las 250. A ello hay que agregarle los centros de trabajo y las consultorías privadas que ofertan capacitación y de las cuales no se cuenta con ningún tipo de registro. En este universo más del 80% oferta algún tipo de programa educativo relacionado con la economía o las finanzas.

El Estado de México es la entidad con mayor población, pero cuenta con menos de 300 universidades públicas o privadas. A su vez, su oferta educativa en materia financiera es menor al 40% y tan solo el 10% se especializa en la materia, el otro 30% cuenta con licenciatura en contaduría, administración o negocios internacionales con algunos cursos en finanzas, especialmente corporativas.

Aquella disparidad resulta sencilla de explicar. En la Ciudad de México se estableció el corredor financiero del país en la avenida Reforma, ahí se encuentran edificios corporativos de BBVA, Banorte, Citi, HSBC, Santander, Scotiabank, bancos que concentran operaciones y estructura del sistema bancario. Pero, además, las dependencias y entidades públicas relacionadas con temas financieros se encuentran en la Ciudad de México, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las tres comisiones nacionales, los bancos de desarrollo y muchas de sus oficinas centrales.

En cambio, en el Estado de México hay un importante corredor industrial y la oferta educativa poco interés tiene en las finanzas, pero sí en aspectos tecnológicos, desarrollos informáticos y agronegocios, entre otros. Aunque en los últimos veinte años se ha generado una mayor profundización financiera, aún existe alta concentración de instituciones financieras, las cuales se encuentran presentes principalmente en las ciudades de mayor tamaño.

Bajo este panorama, resulta evidente suponer que la población que tiene bajos niveles de inclusión y educación financiera las encontraremos en los veintitrés estados que poseen menos del cincuenta por ciento de la población en México.

El propósito de este trabajo, además de comprobar tal suposición, es explorar qué otros factores inciden en la política pública que el gobierno ha impulsado para incrementar los indicadores positivos en materia de inclusión y educación financiera.

 

TEORÍA Y PRÁCTICA SOBRE LA INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO

La política pública en materia de inclusión financiera funciona en un marco normativo que parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 25 se establece:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la esta constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

A su vez, el artículo tercero establece que:

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Por su parte, el artículo décimo especifica:

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad […] Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Asimismo, la Ley general de educación, en su artículo 47, determina que:

La educación superior, como parte del Sistema Educativo Nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

Esta breve referencia al marco legal otorga la fundamentación necesaria para la educación financiera. Es la ley para regular las agrupaciones financieras, en sus capítulos III y IV, artículos del 183 al 192, la que refiere al Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif) y el Comité de Educación Financiera (CEF). El artículo 183 expone que:

El Consejo Nacional de Inclusión Financiera es la instancia de consulta, asesoría y coordinación que tiene por objeto proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de una política nacional de inclusión financiera.

Dentro de sus funciones se encuentra formular los lineamientos de Política Nacional de Inclusión Financiera y Coordinar con el Comité de Educación Financiera, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las acciones y esfuerzos en materia de educación financiera.

Por su parte, en el artículo 188 se determina que:

El Comité de Educación Financiera será la instancia de coordinación de los esfuerzos, acciones y programas en materia de educación financiera de los integrantes que lo conforman, con el fin de alcanzar una estrategia nacional de educación financiera, evitando la duplicidad de esfuerzos y propiciando la maximización de los recursos.

Las funciones del Comité de Educación Financiera (DOF, 2014) son las siguientes:

• Definir las prioridades de la política de educación financiera.
• Preparar la Estrategia Nacional de Educación Financiera.
• Formular lineamientos sobre la política de educación financiera.
• Identificar nuevas áreas de trabajo y proponer nuevas acciones, esfuerzos y programas en materia de educación financiera.
• Conocer oportunamente los programas anuales y/o actividades de educación financiera que planeen los miembros del comité, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos.
• Planear las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera.
• Hacer un inventario de todos los materiales relacionados con educación financiera y de estudios relacionados y poner la información relevante a disposición de la población.
• Establecer metodologías de medición e indicadores de educación financiera y de las habilidades financieras de la población.
• Conformar los grupos de trabajo necesarios para llevar a cabo sus funciones.
• Presentar anualmente al Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CNIF) el plan de trabajo del CEF y los resultados obtenidos.
• Preparar las aportaciones sobre educación financiera para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y para el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
• Aprobar sus reglas de operación y sus modificaciones.
• Conocer del trabajo del grupo de seguimiento y de los grupos de trabajo que lo conforman.

En este sentido, queda claro que para el gobierno mexicano las políticas de inclusión y educación financiera estarán relacionadas y se armonizarán para ofrecer resultados más contundentes. Parece lógico que ello sea así, dado que no tiene mucho sentido impulsar la inclusión financiera que permita a la población establecer algún acuerdo comercial con las instituciones que integran el sistema financiero en ausencia de los conocimientos y herramientas suficientes y necesarias para realizar procesos de ahorro, inversión y endeudamiento exitosos que permitan a las personas cumplir con los objetivos que determinen en función de las características particulares de su perfil de riesgo y rendimiento.

En el documento política nacional de inclusión financiera (SHCP, 2020), se establece que: “En México, se define a la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva las competencias económico-financieras”. En el mismo, más adelante se afirma:

La inclusión financiera contribuye al crecimiento económico y al bienestar, ya que dota a las personas y empresas de herramientas para mejorar el manejo de su liquidez, prepararse y superar alguna emergencia económica, alcanzar metas financieras, aprovechar oportunidades y tener mayor control sobre sus finanzas, es decir, lograr una mejor salud financiera.

Estas definiciones reafirman nuestra idea de que la política pública mexicana, en principio, abarca mucho más que el ámbito en que las personas se relacionan comercialmente con cualquier institución financiera, pues coadyuva el hecho de adquirir la educación financiera, acto que resulta adecuado, dado que de nada sirve incluir a los individuos en los mercados financieros si estos no cuentan con los conocimientos, capacidades y herramientas suficientes para tomar decisiones de inversión y financiamiento que les permitan conocer y asumir los principios básicos de inversión; es decir, las relaciones entre rendimiento y plazo, así como rendimiento y riesgo. Por esta razón, tanto el CNIF como el CEF, en conjunto, presentan la PNIF basados en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (2020-2024).

En la Política Nacional de Inclusión Financiera (SHCP, 2020) se presenta un escenario para el 2030 en el que se señala:

Se ha logrado que las y los mexicanos sin importar su edad, sexo, ingreso, condición laboral ni lugar donde radiquen, accedan y usen los productos y servicios del sistema financiero con mejores conocimientos, habilidades y aptitudes económico-financieras. En el sistema financiero se incorporan en los territorios, grupos o empresas históricamente sub-atendidos o excluidos, tales como población rural, mujeres, indígenas, personas adultas mayores, migrantes y micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme).

Además, se plantea como objetivo general: “Fortalecer la salud financiera de la población mexicana, a través del incremento en el acceso y uso eficiente del sistema financiero, del desarrollo de las competencias económico-financieras, y del empoderamiento del usuario”.

Define salud financiera aquel estado que permite que las personas sean capaces de manejar sus finanzas de manera adecuada, permitiéndoles hacer frente a sus gastos cotidianos, afrontar variaciones negativas en sus flujos de ingresos y aumento desproporcionados o inesperados en sus gastos (tener resilencia), lograr sus metas y aprovechar oportunidades para lograr su bienestar y movilidad económica.

El concepto resulta claro: no tiene que ver con la inclusión sino más bien con la educación financiera. Dicha capacidad de manejo en cuanto a las finanzas únicamente puede ser adquirido con conocimientos de alto nivel a partir de la educación formal y no necesariamente mediante estudios de educación superior, sino programas educativos particulares, tales como diplomados o especializaciones e incluso cursos de actualización, pero de participación continua.

Así se establecen seis objetivos en torno a la estrategia por seguir, líneas de acción y los responsables al interior del Conaif. De manera general, los presentamos a continuación:

En la Política Nacional de Inclusión Financiera para el periodo 2018-2024 (SHCP, 2020) además se establecen metas específicas con base en los indicadores existentes al 2018. Por ello, además de los objetivos señalados, se establecen estrategias y líneas de acción que explican el trabajo que se realizará.

La estrategia 1.2 es promover una mayor y mejor oferta de productos y servicios financieros, a través del fomento de ajustes regulatorios y otras acciones de política pública.

Como línea de acción 1.2.6. se pretende fomentar el uso de modelos novedosos (Sandbos regulatorio) entre instituciones financieras y no financieras enfocadas en la inclusión financiera, a través de mesas, paneles, seminarios, talleres, concursos y otros mecanismos de difusión, estableciendo como responsables de la misma al Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

En la estrategia 6.4 se pretende realizar acciones dentro de las instituciones financieras privadas y públicas para fomentar la inclusión financiera de las mujeres.

También establece metas, particularmente en la 8.10 se pretende fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

En la práctica, el universo de instituciones financieras que pueden incidir en la inclusión y educación financiera ha crecido notablemente desde el año 2010. En la política nacional de inclusión financiera de junio de 2016 se afirma que el número de instituciones que permite avanzar en materia de inclusión financiera creció de 408 en 2015 a 475 en 2018; es decir, un crecimiento del 3%. Las instituciones que se consideran son: administradoras de fondos para el retiro (Afores), aseguradoras, banca de desarrollo, banca múltiple, entidades de fomento, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap), sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas (Sofom ER), sociedades financieras populares (Sofipo) y uniones de crédito.

No obstante, la inclusión financiera se entiende como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva las competencias económico-financieras. Presentamos el Cuadro 1 con un universo de instituciones financieras mayor.

Una de las primeras observaciones es que los bancos múltiples han crecido marginalmente, al pasar de 41 en 2010 a 50 en 2020. Más instituciones bancarias representan mayor competencia, mayor oferta de productos y servicios financieros y reducción en los precios. Sin embargo, la realidad sobre la concentración existente en el sistema bancario es clara: son seis los bancos que dominan al mercado en todos los indicadores: BBVA, Citigroup, Santander, HSBC, Scotibank y Banorte; es decir, cinco cuyo capital es de origen extranjero y uno nacional.

Los nuevos bancos que son de origen nacional operan de manera regional, su capital es mínimo con relación al de los más grandes y su cobertura y posicionamiento no supera los dos dígitos. Aquellos que provienen del extranjero tienen un posicionamiento mundial impresionante, como el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), que ocupa el primer lugar entre las entidades bancarias en el mundo de acuerdo con sus activos. Su presencia en México es minúscula y se ha dedicado a atender clientes al mayoreo; es decir, grandes empresas o personas con alto nivel de ingresos y movimientos financieros. Lo mismo ocurre con los otros bancos extranjeros: Banco J. P. Morgan, Banco KEB Hana Banco Sabadel, Banco Shinhan, Bank of America, Bank of China, Barclays Bank, Credit Suisse, Deutsche bank, Mizuho Bank, y el MUFG Bank.

Cuadro 1. Universo de instituciones financieras que pueden influir en la inclusión financiera (2010-2020)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la CNBV, 2010, 2015, 2020 y el BID 2010 y 2015.

 

Las sociedades controladoras son las empresas encargadas de conformar los grupos financieros, los cuales, casi todos, cuentan con un banco que predomina en la práctica, con la única excepción de Value. En este sentido, las directrices a seguir por instituciones como afores, aseguradoras, sofomes reguladas, fondos de inversión, casas de bolsa y almacenes generales de depósito son dadas por la institución bancaria.

El sector de ahorro y crédito popular, de acuerdo con su ley, está conformado solo por sofipos, sofincos y organismos de integración financiera rural, sin embargo, las propias autoridades consideran a las socaps como parte del mismo. En este sentido, según las cifras del Cuadro 1, la suma de tales empresas fue 92 y 202 en los años 2010 y 2020, respectivamente, lo cual, en principio, parece indicar que están cumpliendo con su papel de incluir financieramente a poblaciones que no han sido atendidas tradicionalmente por el sistema bancario. Por número superan por mucho a la banca privada y, de hecho, a todas las instituciones financieras, excepto a los fondos de inversión. Pero su participación ha sido marginal, con la pandemia es muy posible que dejen de operar algunas, se fusionen otras, por lo que habrá una reconfiguración en el corto plazo debido a los problemas de liquidez, elevada cartera vencida y poco acceso a tecnología de punta en ciberseguridad.

Al examinar más a fondo el sector, queda claro que, como en las instituciones de crédito, existe una gran concentración. Así, por ejemplo, en 2020 en el total de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se atiende a poco más de siete millones quinientos mil clientes y se cuenta con 2.158 sucursales. No obstante, la empresa denominada caja popular mexicana agrupa a poco más del 37% de los socios y el 22,06% de las sucursales totales.

Respecto de las sociedades financieras populares, libertad servicios financieros atiende a más de dos millones de clientes y su infraestructura consiste en 192 sucursales. De igual manera al año 2020, del total de sofipos que operan estos datos representan el 56,61% de clientes atendidos y 16% del total de sucursales.

Tanto Caja Popular como Libertad Servicios Financieros tienen presencia física en las ciudades de: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis de Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Caja Popular, además, tiene presencia en Chihuahua, Colima, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. En tanto que la sofipo libertad está presente en Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Es decir, entre ambas prestan servicios en ocho de los nueve estados más poblados del país, sumando los otros 17 estados en que se encuentran presentes, lo que significa que su infraestructura se sitúa en un total de 25 de los 32 estados con los que cuenta la república mexicana.

Lo anterior no está mal, pero al considerar que la suma de clientes atendidos en 2020 por el total de socaps y sofipos suma poco menos de 12 millones quinientos mil, resulta a todas luces un número insuficiente respecto del total de población en dichos estados.

La oferta de fondos de inversión es elevada y diversificada, dado que hay cabida para inversionistas de cualquier perfil de riesgo y con cantidades monetarias bajas para participar, no obstante, la falta de educación financiera hace que la población, particularmente la de menor instrucción educativa, lo comprenda y, por ello, regularmente su aceptación resulte compleja. Por ello, como mecanismo de inclusión financiera ha resultado difícil.

Los asesores son personas que sin ser intermediarios proporcionan de manera habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores, así como asesoría de inversión en valores y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada. Es necesario, para ser considerado asesor en inversiones, registrarse ante la CNBV y cumplir los requisitos exigidos por esta autoridad. De los 130 que existen registrados, más del 90% tienen su domicilio en la Ciudad de México.

Las empresas de tecnología financiera necesitan autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para iniciar operaciones. En noviembre de 2020 únicamente la empresa NVIO pagos México estaba autorizada, no obstante más de dos centenas ya se encuentran operando de manera irregular, como podemos ver en el Cuadro 1. Particularmente, se han centrado en ofertar sistemas de pago, transferencia de recursos o financiamiento. Su crecimiento es exponencial y la irregularidad en que funcionan ha propiciado que se esté preparando un nuevo marco legal que permita un mayor acceso a las autorizaciones.

Los canales de acceso más relevantes a través de los cuales la población puede utilizar los servicios financieros son: acudir a sucursales de las instituciones financieras, cajeros automáticos de bancos u otros intermediarios que presten el servicio y los corresponsales que son empresas no financieras que a través de un convenio pueden realizar operaciones básicas. Los que tienen mayor número de sucursales son: tiendas OXXO, Yastás, Walmart, 7 Eleven, Farmacias Guadalajara y Telecomm. Su implementación a partir del 2009 propició un fuerte crecimiento en la inclusión financiera, no obstante, a partir de su consolidación se ha estancado la cantidad de personas que lo utilizan.

Como es posible observar en el Cuadro 2, en el año 2015 los cajeros automáticos son el canal de acceso más demandado a nivel nacional y urbano. No obstante, la población mexicana tiene una alta preferencia por acudir a las sucursales. En el último reporte de inclusión financiera divulgado por la CNBV la metodología cambió y la información agrupa a todos los canales de acceso. En 2018 se indicó que el 69.5% de los adultos utilizaba sucursales, cajeros o corresponsales en su relación con los intermediarios financieros.

Cuadro 2. Usuarios de los servicios financieros en México 2012-2018. Porcentaje de adultos

Nota: en 2018 el indicador engloba el resultado de “población que usó en el último año algún canal financiero (sucursal, cajero o corresponsal)”. Los porcentajes actúan sobre una muestra que asciende en 2012 a 70´382,000; 2015 a 76´157,088 y 2018 a 79´096,971 adultos entre 18 y 70 años.

Fuente: elaboración propia con información de INEGI-CNBV, 2012, 2015, 2018.

En cuanto a la contratación de productos financieros en México, menos del 50% de la población adulta en México tiene una cuenta, tarjeta de nómina, ahorro o pensión en alguna institución financiera. La desigualdad de género es evidente en este caso: sustancialmente son los hombres quienes tienen la capacidad de contar con una relación comercial con los intermediarios financieros y, de hecho, fueron ellos los que en las zonas urbanas en el 2018 superaron la marca al llegar a 53,9%.

Cuadro 3. Tenencia de cuentas en México 2012-2018 (porcentaje de adultos con al menos una cuenta)

Nota: en 2018 el indicador es resultado de la pregunta “¿posee alguna cuenta, tarjeta de nómina, ahorro o pensión en algún banco o institución financiera?”. Los porcentajes actúan sobre una muestra que asciende en 2012 a 70´382,000; 2015 a 76´157,088 y 2018 a 79´096,971 adultos entre 18 y 70 años.

Fuente: elaboración propia con información de INEGI-CNBV, 2012, 2015, 2018.

La relación comercial con empresas que ofertan seguros es mucho más baja, dado que en todo el periodo de estudio a nivel nacional no se supera el 30% y, nuevamente, solo los hombres en zonas urbanas lo superan ligeramente. Ello tiene una explicación simple: como ocurre en casi todo el mundo, los seguros más contratados corresponden a aquellos que protegen la propiedad, particularmente, los automóviles, y resulta claro que en las ciudades son los hombres los que son propietarios de vehículos y los manejan directamente, solo ocasionalmente permiten que algún familiar lo utilice.

Cuadro 4. Tenencia de seguros en México 2012-2018 (porcentaje de adultos con al menos un seguro privado)

Fuente: elaboración propia con información de INEGI-CNBV, 2012, 2015, 2018.

Las dos razones más claras por la baja contratación de servicios y productos financieros en la población en México son: bajo ingreso que perciben que no permite ahorrar o invertir y el desinterés por establecer una relación comercial, dado que no les es necesario porque muchas mujeres amas de casa y jóvenes perciben en el primer caso dinero de su pareja y en el segundo de alguno o de los dos progenitores.

La insuficiencia de ingresos que les permita llegar a fin de mes con finanzas sanas y adecuadas para impulsar su consumo, ahorro o inversión, debería ser a su vez razón para buscar algún tipo de financiamiento en el sistema financiero mexicano, no obstante esto no es así. De hecho, como podemos apreciar en el Cuadro 5, resulta evidente que los ingresos son muy bajos. De 2012 a 2018 ha disminuido drásticamente, de 27,5 a 18,4 a nivel nacional, respectivamente.

También es significativo que, en este caso, las mujeres tengan una presencia importante tanto a nivel nacional como en zonas urbanas y rurales. Ello es explicado por la enorme cantidad de micro y pequeñas empresas que son fundadas y dirigidas por mujeres, en virtud de las precarias condiciones que se encuentran al ser madres solteras, divorciadas o separadas y su responsabilidad al tener que mantener a sus familias.

A partir del 2020 es posible que el número de cuentahabientes se eleve, dado que se ha modificado la ley para que jóvenes de entre 15 y 18 años puedan contratar una cuenta bancaria sin la necesidad de que su padre o tutor lo haga a su nombre. En la legislación, no obstante, queda la duda de si podrá hacerlo en cualquier institución financiera, aunque se trate de un intermediario no bancario o se cuente con la aplicación exclusiva para los bancos múltiples.

El mexicano es poco proclive a contratar créditos, aunque sea sujeto elegible para tal efecto, por la existencia de mecanismos informales como los créditos familiares u esquemas como las denominadas tandas, grupos integrados con la finalidad de aportar cantidades pequeñas periódicamente para recibir en una fecha preestablecida una cantidad mayor. Esto también explica la elevada participación de las mujeres, dado que son el grupo poblacional que mayor red social mantiene, especialmente con otras madres de familia, actitud que es poco común entre los hombres.

Cuadro 5. Tenencia de créditos en México 2012-2018 (porcentaje de adultos con al menos un crédito formal)

Nota: los porcentajes son sobre una muestra que asciende en 2012 a 70´382,000; 2015 a 76´157,088 y 2018 a 79´096,971 adultos entre 18 y 70 años.

Fuente: elaboración propia con información de INEGI-CNBV, 2012, 2015, 2018.

La política pública en México en materia de inclusión se encuentra coordinada con la estrategia nacional de educación financiera. De acuerdo con el CEF (2020), la primera barrera ante la cual se enfrentó el diagnóstico es que actualmente no hay herramientas con representatividad nacional que midan las capacidades financieras de las generaciones de mexicanos más jóvenes. Por ello también se afirma que será fundamental como parte de la estrategia establecer mecanismos de evaluación de los conocimientos, actitudes y comportamientos financieros de los niños y jóvenes, adicionales a las encuestas existentes.

Como ya se mencionó, efectivamente existe una amplia oferta de servicios financieros y educativos en el país que se concentran en nueve ciudades, pero se han desatendido particularmente las zonas rurales y son en ellas donde más se concentra la población excluida y con menor educación financiera. Pero esta no es la única causa de desconocimiento de los temas financieros. En nuestro caso aplicamos un cuestionario en materia económico-financiera a más de 200 alumnos de las carreras de economía y contaduría, en el que se les preguntó si en algún momento antes de sus estudios profesionales habían tomado cualquier tipo de curso en economía o finanzas y el 99% señaló que no. El mismo instrumento se ha aplicado a estudiantes de derecho y otras áreas de conocimiento no relacionadas con las finanzas y el resultado es que el cien por ciento no tomó nunca un curso económico o financiero.

Para fomentar la inclusión financiera las autoridades permitieron la apertura de cuentas bancarias sin el cobro de comisiones, no obstante, como se puede apreciar en el Cuadro 6, las personas con menor nivel educativo eran las que más desconocían su existencia. Incluso aquellas que poseían un posgrado estaban muy lejos del cien por ciento y el total nacional solo llegó al 49%.

Cuadro 6. Conocimiento de la existencia de cuentas sin comisiones por nivel educativo 2015

Fuente: INEGI-CNBV 2015.

En la misma ENIF se incluyen resultados similares respecto de los seguros de depósito y otros productos financieros y el resultado es similar, a mayor grado de educación formal mayor conocimiento, pero aún así, el conocimiento nacional es extremadamente bajo.

Otro aspecto que incide en la baja educación financiera es que muchos de los académicos que imparten materias sobre economía o finanzas carecen de preparación pedagógica para impartir clases, experiencia profesional en mercados financieros e interés por prepararse y actualizarse en el área financiera. De hecho, no son pocos los que por su mala experiencia con tarjetas de crédito o algún otro tipo de crédito, o bien por su ideología aseguran a los alumnos que no deben endeudarse.

Un ejemplo recurrente sobre la falta de conocimiento financiero es la afirmación de que los Certificados de la Tesorería de la Federación pagan una tasa de interés, cuando en realidad son títulos gubernamentales de corto plazo que generan una ganancia de capital producto de la diferencia entre su valor nominal y el precio pagado, cuyo rendimiento se produce a partir de una tasa de descuento en el mercado primario. De hecho, en un curso de actualización para profesores, el instructor en turno afirmó que la tasa de rendimiento de tales instrumentos era igual a una tasa de interés y al hacerle notar su error, no supo cuál era la diferencia entre tasa de interés, tasa de descuento y tasa de rendimiento, a pesar de que dicho académico daba clases a nivel de licenciatura y maestría en el área de finanzas.

Las personas con mayores ingresos y nivel educativo tienen mayor acceso a los servicios financieros y mayor conocimiento sobre los productos ofrecidos, no obstante tienen poca educación financiera y en este caso son tres las razones más recurrentes: primero, economía y finanzas son asociadas por las personas con las matemáticas y, por ende, con un grado de dificultad extrema; segundo, la mala y baja educación que sobre temas económicos y financieros han recibido a lo largo de su vida; tercero, la gran desconfianza que existe en torno a las instituciones financieras, la cual se acentúa por el gran número de quejas presentadas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), particularmente contra los bancos con mayor posicionamiento en México; es decir, BBVA, Citi, Santander y HSBC, las cuales regularmente se vinculan con fraudes en tarjetas de crédito, débito o suplantación de identidad.

Bajo esta realidad, la estrategia nacional de educación financiera ha planteado los siguientes objetivos para el periodo 2018-2024 en orden a que la población:

A partir de estos objetivos en general, las líneas de acción para lograr incrementar la educación financiera en México son las que presentamos en la Figura 1.

Figura 1. Panorama integral de la Estrategia Nacional de Educación Financiera

Fuente: CEF (2018).

 

CONCLUSIONES

México es un país muy diverso y con enormes desigualdades, pero la mayoría de su población adulta tiene un factor en común: carece de educación financiera eficiente.

Los mercados financieros han tenido una gran profundización que se expresa en un aumento de instituciones financieras que operan desde hace varios años, así como en la aparición de nuevos oferentes que pretenden atender nichos específicos y poco atendidos hasta el momento, utilizando en especial la innovación tecnológica.

El sector educativo también ofrece una infraestructura importante y programas académicos con fuerte solidez didáctica. No obstante, hay factores negativos que impiden que las personas se interesen en invertir en cursos formales e incluso en aquellos que son gratuitos. Entre estos factores podemos mencionar la asociación existente entre matemáticas, economía y finanzas que asumen las personas para poder educarse financieramente.

La política pública del gobierno de turno es adecuada, con objetivos claros y bien definidos, con líneas de acción establecidas correctamente y, en especial, factibles. Sin embargo, en la práctica los usuarios de servicios financieros tienen dos problemas sustanciales para participar en el sistema financiero e incrementar su educación financiera: por una parte, la insuficiencia de los ingresos para ahorrar o invertir en educación; por otra, la desconfianza en las instituciones financieras, lo que a su vez determina desinterés por adquirir o aprender sobre algún producto financiero.

La idiosincrasia mexicana está muy arraigada en usos y costumbres, por lo que los esquemas de financiamiento informal, tales como créditos de familiares, préstamos de proveedores o mecanismos como la tanda u otros similares, no son solo una forma de adquirir recursos monetarios para emprender negocios, sino que también se trata de formas de estrechar redes sociales y lazos interpersonales.

Ello no solamente afecta al usuario de los servicios financieros, sino también a muchos de los académicos que forman parte de la planta docente en las instituciones educativas, sin importar si son públicas o privadas, dado que los sueldos que perciben en su gran mayoría no alcanza los diez dólares por hora. Por esto, que se ven forzados a dictar muchas clases y tener poco tiempo para prepararse y actualizarse, lo que resulta perjudicial, en particular en cuanto a los temas financieros que evolucionan y cambian de manera dinámica.

La inequidad de género se ve claramente reflejada en los indicadores que muestran la adquisición de productos financieros por parte de mujeres y hombres, dado que estos últimos, al ser los que perciben más ingresos y fungen como jefes de hogar, también ahorran e invierten más. Las mujeres, no obstante, participan casi de manera similar en el mercado de crédito por su alta participación como empresarias en negocios unipersonales.

La inclusión financiera se ha incrementado y ha determinado cambios en la regulación, como aquel que permite a los jóvenes de entre 15 y 18 años de edad abrir una cuenta bancaria sin que sus padres o tutores participen, lo que seguramente aumentará la inclusión aún más. No obstante, incluir a la población en los mercados financieros resulta inútil si las personas no cuentan con las habilidades y conocimientos suficientes y sólidos para tomar decisiones de ahorro, inversión y financiamiento.

El camino resulta difícil, pero las bases están sentadas. Se trata de un trabajo que requiere de la voluntad suficiente y la ejecución de acciones por parte de todos los agentes económicos, familias, empresas y gobierno.

 

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