La Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM) tiene el agrado de presentar a la comunidad el Volumen 10, Número 2 (diciembre 2016), de la Revista Chilena de Economía y Sociedad. Como se ha señalado en anteriores ocasiones, estos números aspiran a constituir un medio de vinculación con su entorno y un espacio necesario para generar la debida reflexión y discusión académica acerca de temas relevantes para nuestra sociedad, desde una perspectiva económica y social.
El primer artículo del presente número corresponde a Directorios de las universidades y la transparencia del capital intelectual: evidencia sobre las universidades latinoamericanas, del académico Juan Bautista Abello Romero de la Universidad de Los Lagos. En él, a partir de una muestra relevante de universidades, se responde la pregunta por la relación de la composición del máximo cuerpo colegiado de las universidades con la divulgación del capital intelectual, proponiéndose una relación positiva del tamaño, independencia y diversidad del máximo cuerpo colegiado con la divulgación del capital intelectual. Se plantea que las universidades, para cumplir un buen desempeño ante la sociedad, deben tener buenos gobiernos. Un buen gobierno implica la práctica de ciertos mecanismos, y uno de ellos es la disminución de información asimétrica de la universidad con sus grupos interesados, por lo que debe primar la transparencia. La organización tiene que asumir un rol de divulgación de su quehacer y, por lo tanto, de su capital intelectual.
A continuación, se presenta el artículo La intraindustria dinamiza el intercambio de flujos internacionales de capital. Casos: Colombia-América Latina 2010-2013, de Clemencia Martínez Aldana y Dora María Cañón Rodríguez, ambas investigadoras de la Fundación Universidad de América, Colombia. Se señala que P. Krugman aplica el modelo de Grubel y Lloyd para validar “la nueva teoría del comercio internacional”, demostrando que el comercio intraindustrial favorece a los países que maximizan sus flujos internacionales de capital, basados en economías de escala y en ventajas comparativas. A partir de estos postulados, se presentan los resultados obtenidos al validar el modelo para Colombia y países de América Latina, en un portafolio de commodities comercializados en doble vía entre países de la región durante el período 2010-2013.
Una tercera contribución corresponde al artículo Análisis de la economía de la región de Aysén y extensión de zona franca, de Karen Calderón y Luz María Ferrada, ambas de la Universidad de Los Lagos. El propósito de su trabajo es examinar el desarrollo económico experimentado por la Región de Aysén a partir de la política de ampliación de la zona franca desde Punta Arenas en el año 2005. El mayor dinamismo promedio del país en el período con extensión de la zona franca, derivado de las exportaciones, ventas de empresas e inversión pública, contrasta con la percepción de los actores, quienes ven en el aumento del parque automotor el mayor impacto, por lo que proponen profundizar la política de zona franca.
El siguiente artículo aborda la Modelación de los rendimientos cambiarios de Asia y Latinoamérica: un análisis basado en los modelos GARCH, TGARCH y EGARCH, de Antonio Ruiz Porras y Luis Enrique Fregoso Becerra, representantes de la Universidad de Guadalajara, México. El estudio modela los rendimientos cambiarios de diez países asiáticos y latinoamericanos, utilizando los modelos auto-regresivos con heterocedasticidad condicional indicados. Una conclusión relevante es que los shocks informacionales tienen efectos simétricos sobre la volatilidad de los rendimientos cambiarios de Chile. En Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Malasia y México las malas noticias incrementan la volatilidad en los rendimientos cambiarios.
El principio de ‘buena fe’ en la participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental corresponde al quinto artículo del presente número, de Pablo Miranda Nigro, ministro suplente del Tercer Tribunal Ambiental de Chile, y Francisco Fuenzalida Avio, su asesor jurídico. En su trabajo se señala que la participación comunitaria del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recoge el principio de buena fe en las etapas que considera, sin perjuicio de no encontrarse explicitado. Tratándose de pueblos originarios, la necesidad de aludir expresamente al estándar de buena fe aparece justificado en la medida en que las comunidades o grupos se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad o desventaja respecto del resto de la población.
Jordi Rosell Foxà y Lourdes Viladomiu Canela, ambos de la Universitat Autónoma de Barcelona (España), junto a Claudio Mancilla, de la Universidad de Los Lagos, aportan el sexto y último artículo, Resiliencia, territorios y empleo: el caso de las comarcas catalanas. En él se busca determinar el impacto de diferentes factores en el grado de resiliencia de territorios localizados en Cataluña, España. Los resultados indican que la densidad empresarial, la especialización sectorial, el porcentaje de población extranjera y el carácter de ruralidad impactan sobre el nivel de resiliencia de estos territorios.